El calendario marca el final de 2025 y, como cada año, la Dirección General de Tráfico trae bajo el brazo un paquete de medidas que prometen dar mucho que hablar. Pero esta vez el asunto va más allá de simples ajustes técnicos: algunas de las normativas que entran en vigor en 2026 están generando un debate intenso entre motoristas, conductores y profesionales del sector. Desde la obligatoriedad de dispositivos conectados hasta restricciones más severas en las zonas de bajas emisiones, pasando por cambios en la ITV y propuestas de seguridad que no convencen a todos, el año que viene se presenta movido para los usuarios de las carreteras españolas.
La baliza V16 conectada: obligatoria desde enero
Empecemos por lo que más ruido está haciendo: la baliza V16 conectada. A partir del 1 de enero de 2026, los triángulos de emergencia quedan definitivamente prohibidos en las vías interurbanas. En su lugar, todos los vehículos, salvo excepciones, deberán llevar una baliza V16 homologada con geolocalización y conectividad DGT 3.0, tal como establece el Real Decreto 159/2021 publicado en el BOE.
La medida busca reducir los atropellos en carretera, que cada año se cobran vidas entre conductores que bajan a colocar los triángulos. La teoría es impecable: la baliza se coloca sobre el techo del coche, emite luz visible a un kilómetro de distancia y, gracias a su conexión, alerta automáticamente a otros conductores y a los servicios de emergencia. Nadie tiene que salir del vehículo ni exponerse al tráfico.
Pero la polémica está servida. Primero, porque estos dispositivos cuestan entre 25 y 50 euros, un gasto obligatorio que muchos consideran injustificado cuando los triángulos cumplían su función. Segundo, porque existe cierta opacidad sobre quién gestiona los datos de geolocalización y durante cuánto tiempo se almacenan. Y tercero, porque la industria fabricante de balizas ha ejercido un lobby considerable, lo que ha generado suspicacias sobre el verdadero interés detrás de la norma. Además, estas balizas no funcionan tan bien como las pintan y puede que no sean tan efectivas. Para los motoristas, además, surge la duda de dónde llevar un dispositivo más en motos ya de por sí limitadas de espacio, aunque no sea obligatorio, pero sí recomendable.
Los expertos le sacan los colores a la Baliza V16 de la DGT
Madrid cierra el círculo a los vehículos sin etiqueta
Otra medida que entra en vigor en 2026 y que afecta de lleno a miles de motoristas es la prohibición total de circular por el municipio de Madrid para vehículos sin distintivo ambiental. Esto incluye motocicletas matriculadas antes de 2003, que quedan vetadas en todo el municipio, no solo en la almendra central de Madrid 360.
La norma se enmarca dentro del Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático del Ayuntamiento, pero no es exclusiva de la capital. Barcelona, Valencia, Sevilla y otras ciudades con Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) están endureciendo progresivamente sus restricciones. Lo que antes era una limitación puntual en días de alta contaminación ahora se convierte en una exclusión permanente.
Para muchos motoristas con motos clásicas o de uso ocasional, esto supone un disgusto importante. Hablamos de vehículos perfectamente funcionales, muchos de ellos con mantenimiento impecable, que de la noche a la mañana pierden acceso a las ciudades donde viven sus propietarios. Algunas asociaciones han denunciado que estas medidas castigan de forma desproporcionada a quienes no pueden permitirse cambiar de moto, mientras que los coches más contaminantes con etiqueta C siguen circulando sin problemas.
Cambios en la ITV: más exigencia para las motos
La Inspección Técnica de Vehículos también se endurece en 2026. Aunque la periodicidad no cambia, sí lo hacen algunos criterios de evaluación, especialmente en lo referente a sistemas de iluminación, emisiones y estado de los neumáticos.
Una de las novedades más comentadas es la medición más estricta de las emisiones contaminantes en motocicletas. Hasta ahora, el margen de tolerancia era relativamente amplio, pero la nueva directiva europea obliga a ajustar los límites. Esto puede suponer que motos con años de antigüedad, que hasta ahora pasaban sin problemas, empiecen a tener dificultades si no han recibido un mantenimiento adecuado del sistema de escape y filtros.
Además, se refuerza la inspección visual de elementos de seguridad como retrovisores, intermitentes y luces de freno. Cualquier modificación no homologada será motivo de rechazo directo, sin margen para subsanación in situ. Para muchos motoristas que personalizan sus máquinas, esto supone un quebradero de cabeza adicional.
Propuestas de Seguridad Vial: ¿protección o paternalismo?
Por si fuera poco, la DGT y entidades del sector como ANESDOR están trabajando en nuevas medidas de seguridad específicas para motoristas. Entre las propuestas que se barajan para su implantación progresiva a partir de 2026 está la obligatoriedad de chalecos con airbag en determinados tipos de vías o la instalación de dispositivos de llamada de emergencia automática (eCall) en motos de nueva matriculación.
El Plan de Movilidad Segura y Sostenible del MITMA también recoge la posibilidad de limitar la cilindrada para conductores noveles de forma más estricta y de ampliar los cursos obligatorios de conducción segura. Todas estas medidas buscan reducir la siniestralidad, que sigue siendo alarmante en el colectivo motero, pero no todo el mundo las ve con buenos ojos.
Muchos motoristas consideran que algunas de estas propuestas son excesivamente intervencionistas y que responsabilizan al conductor sin abordar problemas estructurales como el mal estado de las carreteras, la falta de protecciones en guardarraíles o la escasa formación de los automovilistas respecto a la convivencia con motos. El debate está abierto y promete dar mucho de sí en los próximos meses.
Otras medidas en el horizonte
Junto a las polémicas más sonadas, hay otras normativas que también entran en vigor en 2026 y que conviene tener en el radar. Por ejemplo, se amplía la red de radares de tramo en autovías, lo que supone un control más exhaustivo de la velocidad media. También se endurecen las sanciones por uso indebido del carril VAO y se introduce la obligatoriedad de llevar un kit de primeros auxilios en vehículos de uso profesional, aunque aún no se ha confirmado si esto afectará también a particulares.
En el ámbito de la formación, los centros de autoescuela deberán adaptar sus programas para incluir módulos específicos sobre convivencia con usuarios vulnerables, entre ellos los motoristas. Es un avance positivo, pero llega con décadas de retraso.
¿Seguridad real o recaudación encubierta?
El hilo conductor de todas estas medidas es la seguridad vial y la sostenibilidad ambiental. Nadie discute que reducir la siniestralidad y la contaminación son objetivos legítimos. El problema es que muchas de estas normas generan la sensación de que se legisla más pensando en la recaudación o en intereses industriales que en solucionar los problemas de fondo.
La baliza V16 es el ejemplo más claro: útil, sí, pero con un coste obligatorio que recae en el ciudadano y con beneficios evidentes para los fabricantes y Hacienda se embolsa el 21% del IVA de esta compra obligatoria para todos los vehículos. Las restricciones a vehículos sin etiqueta penalizan a quienes menos recursos tienen para renovar su parque móvil. Y las propuestas de seguridad, aunque bien intencionadas, no van acompañadas de inversión en infraestructuras ni en campañas de concienciación dirigidas a todos los usuarios de la vía.
2026 arranca, en definitiva, con un paquete de normativas que van a cambiar la forma en que nos movemos. Habrá que estar atentos a cómo se aplican en la práctica y, sobre todo, a si realmente cumplen con el objetivo de hacer las carreteras más seguras o si simplemente añaden burocracia y gastos a quienes ya circulan con responsabilidad.
